1El paso de la frontera pirenaica no marcaba el fin de una tragedia para los hombres y mujeres españolas que huían de la victoria franquista en la guerra, sino más bien el principio de un nuevo periplo, el de la llegada a Francia como país de acogida. La duración de la estancia fue temporal para una parte, que regresó a España antes o después, para otro grupo solamente significó una escala hacia una nueva emigración a un tercer país, pero para quienes se quedaron, la instalación en Francia se convirtió en un desafío vital. El exilio republicano español, por su magnitud y por su relevancia internacional, generó también un importante desafío para la sociedad y las autoridades francesas. La tradicional hospitalidad republicana y el derecho de asilo pusieron en jaque la capacidad de acogida para semejante flujo de población, a la vez que convulsionó la opinión pública, en un contexto político muy delicado. Sin embargo, como apuntaba Noiriel (2014: 135), el historiador o historiadora debe tener cuidado en no confundir los movimientos migratorios reales con su representación en el espacio público.

2El potencial que tuvo la categoría de «indeseables» en la que fue englobado el exilio republicano español marcó, efectivamente, su acogida. La relación que este adjetivo tenía con el rechazo político, o al menos el miedo a avivar el fuego de las diferencias políticas existentes en el país, y con la carga económica que su manutención representaba, generó un conjunto de estereotipos, reservas y recelos a que parte de los exiliados y exiliadas [1] se integrasen en la sociedad francesa. Como ha puesto de relieve Audeval (2013), la categoría de «indeseables» se basaba en una lógica de eliminación de parte de la población en exceso en el suelo francés y en la Economía Nacional, en particular, auspiciada por la «discriminación que el Gobierno entiende hacer entre los individuos moralmente dudosos indignos de nuestra hospitalidad y la parte sana y laboriosa de la población extranjera» [2].

3La cuestión de la inmigración había sido objeto, desde finales del siglo XIX, de los miedos y ansiedades de la sociedad (Rygiel, 2006: 27), reclamando en ocasiones un mayor control, especialmente en los periodos de crisis, y, otras veces, su aprovechamiento para paliar las necesidades demográficas y de mano de obra barata del país. El exilio republicano español en Francia, a pesar de que historiográficamente se haya privilegiado su estudio desde un punto de vista de la historia política, ofrece un interesante escenario de análisis de discursos y capacidad de integración de un grupo numéricamente grande de mano de obra extranjera. El componente de esta integración que tiene que ver con el trabajo formaba parte de la lógica del discurso del «extranjero indeseable», en lo que tenía como posible competencia para la mano de obra nacional, pero al mismo tiempo, permitía la emancipación del Estado francés dejando de ser una carga económica.

4Dentro del grupo de hombres y mujeres del exilio republicano, es importante resaltar que una mayoría se compuso de personas que buscaron refugio en Francia huyendo de la guerra y que volverían durante los primeros meses, mientras que, por otro lado, otro grupo se compuso por los propiamente dichos exiliados y exiliadas políticas, que se negaron en estos primeros momentos a regresar a España por varias razones, principalmente el miedo a las represalias (Dreyfus-Armand, 1996: 36). Por esta razón, en el presente artículo se privilegiará el término de «exiliado» o «exiliada», considerando que la parte de la población que llegó a Francia como consecuencia de la guerra y que, rechazando la repatriación, se integró (como mayor o menor éxito) en el sistema productivo francés, merecen este calificativo. No obstante, en las traducciones literales de fuentes originales francesas se mantendrá el término que en ellas aparezca y que es, en la mayoría de las ocasiones, el de «refugiado» o «refugiada».

5Junto a la potencialidad económica como mano de obra del exilio republicano español, este artículo se propone tener en cuenta el papel que el género jugó en las posibilidades y las trayectorias laborales de estos hombres y mujeres durante los años 1939 y 1940. Partiendo del principio de que las mujeres siempre han estado presentes en el mercado de trabajo a pesar del poco registro material y documental, la relación laboral que adquieren con el Estado francés determina una parte muy importante del exilio republicano español y de la historia de las mujeres en la inmigración francesa. Así, nos proponemos integrar la categoría de género al análisis de las políticas de inmigración y de gestión de la mano de obra extranjera, y su articulación con la categoría nacional (Guerry, 2012: 17-19).

6De este modo, en este artículo nos interrogaremos, en primer lugar, sobre el peso que «el miedo al otro» y la figura del «extranjero indeseable» tuvieron en las políticas de protección de la Economía Nacional en el contexto de la acogida al exilio republicano. A continuación, se tomará el caso del trabajo en la agricultura para abordar los mecanismos de inserción laboral de los y las exiliadas y el cambio de paradigma por parte de las autoridades, que pasaron a percibir esta mano de obra disponible como útil para la colectividad. Finalmente, se analizará la especificidad del trabajo de las mujeres españolas exiliadas, las dificultades y resistencias así como su impulso. Para ello, contaremos con fuentes primarias de los Archivos Nacionales de Francia en Pierrefitte-sur-Seine, los departamentales de Gironde, o la biblioteca de documentación La Contemporaine.

El miedo al otro. Proteger la Economía Nacional

7El exilio de medio millón de individuos desde el inicio de la Guerra Civil en España en 1936, alcanzando su máximo exponente en febrero de 1939 con la llamada Retirada [3], significó un importante reto en la política migratoria de la Francia del Frente Popular. La III República Francesa había pasado por diversos tipos de planteamientos de llamada, acogida o expulsión de población inmigrante según el contexto económico y del mercado de trabajo, las necesidades demográficas y el contexto político internacional. El tradicional maltusianismo de la sociedad francesa había convertido al país en un modelo de recepción de población extranjera a la vez que las mutaciones del mercado de trabajo iban imponiendo la necesidad de recurrir a mano de obra extranjera o, al contrario, de proteger de esta competencia a la mano de obra nacional.

8No puede entenderse, por lo tanto, la reacción de la opinión pública ni las políticas de acogida a las diferentes olas de exilios políticos (ruso, armenio, italiano, alemán, español) o de inmigración económica, así como fuerza de trabajo provenientes de las colonias, sin tener en cuenta esta tradición ni el clima político y económico del momento. Así, se debe prestar atención a la composición de la población inmigrante y de la mano de obra disponible en el mercado de trabajo francés. Pero, al mismo tiempo, la entrada de inmigrantes podía llegar a ser un elemento susceptible de modificar el funcionamiento de este mercado (Rygiel, 2006), y de su segmentación, mediante la sustitución de unas categorías (nacionales, de género, etc.) de mano de obra por otra (Guerry, 2012: 103).

9Si bien fue durante la Gran Guerra cuando se afianzó el recurso a la fuerza de trabajo inmigrante para suplir las necesidades productivas ante la movilización de los hombres nacionales en edad militar, el recurso a la mano de obra extranjera barata presente ya en el suelo nacional continuó durante la reconstrucción del país. Se trataba de un proceso de selección de inmigrantes que posibilitaba a la patronal recular en las condiciones laborales adquiridas por el movimiento obrero y que, consecuentemente, generaba importantes resistencias por parte de la fuerza de trabajo nacional. Ya en 1913, en su estudio sobre la mano de obra extranjera en la agricultura francesa, Emile Blanchard lamentaba la costumbre de un gran número de propietarios de extensiones agrícolas que apelaban «casi exclusivamente» a inmigrantes de España y que quienes quisieran trabajar tenían que aceptar que fuera «a cualquier precio» (Noiriel, 2014: 142-143). Estas resistencias a la introducción de mano de obra extranjera, o a las facilidades o supuestos privilegios que recibían, así como sus condiciones de trabajo fueron protagonizadas por grupos ideológica y estructuralmente divergentes. Por un lado, por los sindicatos y el movimiento obrero, pero también, por otro lado, por las lógicas proteccionistas y nacionalistas de los sectores conservadores y de la extrema derecha, especialmente en auge tras la crisis económica provocada en 1929. Entre los primeros, destaca las diferentes orientaciones de la CGT, que había creado en 1924 un Bureau de la main d’oeuvre étrangère con el objetivo de evitar la competencia con la fuerza de trabajo nacional, y la CGTU, cuya política se dirigía directamente a proteger las condiciones de los y las trabajadoras extranjeras. Mas, a pesar de estas diferenciaciones entre nacionales e inmigrantes, ambas centrales sindicales se lanzaron a la defensa de «todos los oprimidos, sin distinción de sexo o raza». Se ponía, además, en evidencia cómo los medios represivos de la parte de la patronal eran idénticos independientemente de la nacionalidad, de ahí que fuera necesario el combate común y la solidaridad entre la clase obrera.

10Por su parte, las lógicas xenófobas aplicadas al mercado de trabajo por las autoridades y los sectores de opinión conservadores y de extrema derecha (Schor, 1985) se hicieron especialmente visibles en los momentos de crecimiento del paro. Estos planteamientos venían teniendo ya un importante impulso desde los discursos de las diferencias de razas del higienismo y el neodarwinismo, aunque la cuestión del racismo comenzaría a plantearse en el espacio público al final de los años 1930 (Noiriel, 2014). El «saneamiento» del mercado de trabajo pasaba, para muchos, por la eliminación de esta mano de obra extranjera o, en todo caso, por su control estricto según las necesidades de la Economía Nacional.

11Rygiel (2006: 203) ha planteado que durante los años 1920 y 1930 la otorgación del derecho de residencia a la población extranjera dependía en gran medida de su utilidad económica, al mismo tiempo que de las posibles complicaciones sanitarias, políticas o sociales que pudieran generar. Las políticas migratorias apuntaban a una progresiva protección del mercado de trabajo a la mano de obra nacional, como puede verse en la evolución de las leyes de 1926, 1932 y hasta la creación de un Comité Interministériel pour la protection de la main d’œuvre française en noviembre 1934. La llegada del Frente Popular no significó, en este sentido, un cambio de política, sino una relajación de las medidas más duras. Sin entrar en detalle de las prerrogativas de cada legislación y de su evolución, sí podemos afirmar que la dificultad de acceso al trabajo para la población inmigrante era una de las principales dimensiones de la política vigente. Por ejemplo, el control de la mano de obra extranjera mediante los permisos de trabajo en los documentos de identidad (con la mención de travailleur o non travailleur) permitía su exclusión del mercado de trabajo mediante el procedimiento de la no renovación. En el estudio de este procedimiento, sobresalen tres razones de rechazo del permiso de mención de travaillleur o de su renovación. Por un lado, la especialización de la categoría de travailleur en el sector industrial o agrícola, no permitiendo pasar de uno a otro y limitando la movilidad profesional hacia sectores sin carencia de mano de obra nacional. Por otro, la política de privilegiar la mano de obra nacional y masculina, dejando a los extranjeros y a las mujeres en los márgenes para cuando fueran necesarios, como mano de obra complementaria. Finalmente, la ideología del hombre ganapán, que afectaba a la exclusión del trabajo extradoméstico de las mujeres (Frader, 1998).

12Así, junto a la designación de los y las inmigrantes como responsables del paro de la mano de obra nacional, y la respuesta política de la limitación de su trabajo, las mujeres, especialmente las casadas, habían sido en la época industrial otro chivo expiatorio (Perrot, 2013). En 1936, el ministro del Trabajo daba instrucciones sobre las peticiones de regularización de la situación de población extranjera, indicando que esta debía ser, en principio, rechazada para las mujeres casadas cuando su marido recibiera un salario suficiente para hacerse cargo de ella y, si fuera necesario, del resto de su familia (Guerry, 2012: 118). Las mujeres extranjeras fueron también objeto de una política específica y, en general, fueron formalmente apartadas del mercado de trabajo. Las mujeres que llegaban a Francia en el marco de una reunificación familiar recibieron automáticamente la mención de non travailleur en su documentación y, además, en su visado debía constar la aprobación por parte de las autoridades de que el cabeza de familia poseyera un salario y un alojamiento suficiente [4]. De este modo, fueron legalmente marginadas del mercado de trabajo salvo en los casos en los que no se encontrara una mano de obra nacional o masculina, o que pasaran a formar parte de grupos de trabajo, sobre todo familias, donde su trabajo no sería reconocido como tal. Nos referimos en concreto, en el primer caso, en el sector del trabajo doméstico remunerado, y, en el segundo, en la agricultura y en menor medida la industria.

13La categoría del exilio político era objeto de normativas de inspiración diferentes de la mano de obra inmigrante, especialmente en lo relativo a la imposibilidad de ser expulsada del territorio. Sin embargo, la lógica del peligro de la competencia profesional y la acusación de la aceptación de peores condiciones laborales afectó también a la opinión pública sobre la inmigración de carácter político en los años 1930. Así, ante la llegada de refugiados y refugiadas de Alemania desde 1933 y del Sarre, recibieron la acusación de ser «falsos refugiados», rechazo que era muy cercano al miedo de su intrusión en el mercado de trabajo, especialmente en el comercio y la artesanía. Así, un Decreto relativo al carné de identidad de comerciante para la población extranjera en noviembre 1938 [5] reforzaba las medidas de protección del comercio francés ya aplicadas en junio contra «el flujo de elementos extranjeros susceptibles de perjudicar nuestra actividad económica», mediante la introducción de un nuevo documento de identidad llamado «carné de comerciante» sin la cual se prohibía a toda persona extranjera en el territorio francés ejercer una profesión comercial o industrial [6]. Las declaraciones en 1937 de Max Dormoy ejemplifican también el peso de los grupos de presión proteccionistas compuestos por comerciantes y artesanos. El ministro del Interior mantenía que la población inmigrante recién llegada, en situación irregular, no correspondía, en ningún caso, con la categoría de refugiada, sino que eran individuos sin trabajo y sus recursos. Además, estarían causando el hundimiento de las profesiones comerciales y artesanales, con un grave impacto en la economía nacional (Lewis, 2010, s.p.). Estas temáticas muy próximas al antisemitismo fueron igualmente movilizadas desde la prensa conservadora y de extrema derecha, con un impacto inmediato en las políticas de acogida. En el caso del exilio republicano español que se había producido desde 1936, se partía de las representaciones construidas a partir de la migración económica anterior empleada en trabajos de temporada o mano de obra especializada en la metalurgia o siderurgia. Pero, por otro lado, era destacable el peso de la figura del indeseable, la cual irrumpía con el supuesto peligro político que significaba este nuevo tipo de inmigrantes, alimentada por la polémica y las campañas de prensa antiintervencionista en la guerra civil. Junto a estas, la influencia de las redes de opinión difundidas por los círculos de derecha y extrema derecha francesa tuvieron un importante impacto en la opinión pública de cara a la guerra y en las formas de recepción a los y las exiliadas (Schor, 1985: 659; Noiriel, 2014: 391). Desde esta tribuna, la figura del «extranjero indeseable» vehiculó nuevos criterios de discriminación que fueron trasladadas a las políticas de reducción de la población extranjera excedente para la Economía nacional. Se establecía así una distinción entre los elementos honorables y «los otros», el «contingente de indeseables» [7].

14La lógica de selección heredada del recurso a la mano de obra extranjera veinte años antes se afianzaba a finales de la década de 1930, categorizando a la población extranjera, ya no tanto por su modalidad de entrada en el territorio, sino en función de sus componentes familiares y de género, de los factores de «integración», del proyecto migratorio y de sus condiciones económicas y su relación de dependencia con el Estado francés. Apenas un mes antes de la victoria del Frente Popular, en abril 1936, Charles Magny, director general de la Seguridad Nacional, apuntaba así los factores principales de selección de la fuerza de trabajo extranjera que podría permanecer en el territorio: los lazos familiares, las condiciones de vida y los medios de subsistencia, privilegiando a quienes tuviesen un alojamiento en propiedad, lo que implica su deseo de estabilidad y representa la inversión de sus ahorros en Francia, y, finalmente, cuya presencia no es negativa para el mercado de trabajo (Lewis, 2010: s.p.).

15En efecto, estos mismos criterios prevalecieron en la política aplicada a los y las exiliadas españolas desde un primer momento. La voluntad de no aumentar los gastos públicos implicó que, dentro de las políticas de acogida o repatriación durante la guerra en España, fuese relevante la posesión de medios económicos o los lazos familiares, proceso en el que la inmigración económica anterior jugó un importante papel. Así, en una carta de diciembre de 1937, es decir, tras la segunda ola del exilio republicano español por la caída del Frente Norte, el ministro del Interior Max Dormoy indicaba que:

16

«A la hora actual, en principio, solamente deben ser autorizados a residir en Francia los refugiados que posean recursos suficientes para mantenerse sin ocupar ningún empleo o que puedan ser recogidos por personas que se encarguen de todas sus necesidades, a excepción de las mujeres, los niños, los ancianos y los enfermos pueden seguir siendo albergados a cuenta de las colectividades públicas.» [8]

17Además, estas personas debían ser objeto de informes favorables y no dedicarse a ninguna actividad sospechosa. Las autoridades de la Prefectura se encargarían de efectuar un control severo sobre estas cuestiones, además de garantizar que no ocupasen ningún trabajo, de la naturaleza que fuera, sin justificar la aprobación de los Servicios de la Mano de Obra Extranjera y de un contrato de trabajo. Estos controles exhaustivos deberían evitar que se ejercieran ocupaciones remuneradas competiendo con la «mano de obra regular» [9].

18Unos meses después, en agosto de 1938, desde el departamento de asuntos exteriores, el Ministerio del Interior era informado de que la Convención consular franco-española vigente no especificaba ningún obstáculo al derecho soberano de cada país de realizar un control en sus fronteras. Así, si las autoridades francesas, por razones humanitarias admitían un número controlado de personas provenientes de España, podían acordarles un permiso de residencia de carácter exclusivamente temporal y, por lo tanto, excluyente de ejercer «el comercio, la industria o un oficio» que provocase una competencia dudosa al mercado de trabajo nacional [10]. Sin embargo, estas limitaciones del tiempo de residencia (incompatibles, por otro lado, con el derecho de asilo) y de la posibilidad de ejercer un trabajo remunerado, fueron dejadas de lado en determinados casos. Así, en noviembre de 1937, se señalaba que en el departamento de Landes existía un interés a que un determinado número de refugiados, empleados en explotaciones forestales, fueran autorizados a residir allí debido a la «falta de mano de obra para los trabajos requeridos» [11]. En el mismo mes, desde el departamento del Lot, se denunciaba el empleo de mujeres españolas como trabajadoras domésticas, un sector que denotaba una importante carencia de mano de obra, pero donde se aceptaban salarios de miseria [12].

19Las reservas a la introducción de la fuerza de trabajo que representaba el exilio republicano español disminuyeron, por lo tanto, en aquellos sectores donde no representaran una competencia o un peligro para el equilibrio de la Economía Nacional. Pero un importante trabajo de selección fue operado, tanto de los puestos de trabajo que pudieran ocupar, como de la propia figura del trabajador o trabajadora y su adecuación a las tareas asignadas, sin conllevar problemáticas sanitarias, sociales o políticas consigo.

20Los propietarios de explotaciones agrícolas demandaban, ante el mal estado de los campos y la falta de mano de obra «fijar en la tierra de Francia […] trabajadores extranjeros seleccionados que en una década estarían totalmente integrados a nuestra población». Llama la atención que las iniciativas que pidieron la introducción de esta mano de obra reprodujeran las mismas preocupaciones de protección de la Economía Nacional que las que se oponían al empleo de los y las trabajadoras extranjeras, pero primando los criterios económicos. Por ejemplo, desde Provenza, dirigiendo una nota al Comité d’Étude pour l’Etablissement et le Placement des Réfugiés espagnols dans l’agriculture française (REAF), del que hablaremos más adelante, se proponía la prueba de introducir inmigrantes «racialmente cercanos a los provenzales»:

21

«Los refugiados españoles tendrían aún menos problemas para adaptarse a las condiciones de vida y de trabajo […]. No olvidemos que antes ya venían a trabajar las viñas del Mediodía. Además, desde el punto de vista lingüístico, ninguna dificultad de adaptación.
Socialmente, creo que es inútil de señalar que todos los refugiados no son extremistas indisciplinados […]. Nacionalmente, podemos ganar un apoyo de más de 50.000 trabajadores adultos sin temer la menor reivindicación de su país de origen.» [13]

22En efecto, la lógica de aprovechamiento económico de esta mano de obra terminó por imponerse. En este proceso, fueron claves, por un lado, la declaración de guerra en septiembre de 1939 y la puesta en marcha de los dispositivos de la economía de guerra y la movilización. Por otro, la necesidad de aligerar las cargas económicas causadas por el internamiento en campos y refugios de este contingente de población. La conveniencia de su trabajo siguió estando limitada, eso sí, por la prioridad a la mano de obra nacional.

Ser útil para la colectividad. El ejemplo de la introducción de mano de obra del exilio republicano en la agricultura

23

«Un determinado número de refugiados civiles españoles se encuentran actualmente en su departamento.
Desde todos los puntos de vista, es deseables que los interesados, en la medida en la que puedan ser utilizados, sean autorizados a trabajar.
Por supuesto, esto no implica permitirles ejercer profesiones afectadas por el desempleo.
Con estas reservas, les ruego que examinen de urgencia la posibilidad de emplear lo más rápidamente posible a estos refugiados.» [14]

24Desde los meses de abril y mayo de 1939 se hizo evidente para las autoridades francesas la necesidad de disponer de la mano de obra que representaba el exilio republicano en suelo francés. Durante los meses que precedieron la movilización general de Francia, se multiplicaron las comunicaciones que recordaban y aconsejaban la posibilidad de ocupar a los hombres internados en los campos de concentración, desde un punto de vista laboral, pero también militar. Para su ocupación profesional, como se refleja en la comunicación del Ministerio de Trabajo anteriormente citada, se produjo un estricto control para que esta utilización de mano de obra fuera provisional y solamente en la medida en la que la insuficiencia de la mano de obra lo permitiera; e incluso, en algunos departamentos, una selección de un repertorio de empleos que podrían ocuparse (Bennassar, 2005: 81). Las autoridades se encontraron entonces ante el desafío de controlar estrictamente estas actividades profesionales con la progresiva apertura de sectores como la administración pública y los establecimientos y servicios que funcionan por el interés de la nación:

25

«A falta de la cantidad suficiente de mano de obra francesa, las administraciones públicas y los establecimientos y servicios que funcionan por el interés de la nación, podrán emplear, en título precario, extranjeros.» [15]

26Así, las autoridades francesas pronto contemplaron la empleabilidad de la fuerza de trabajo de «indeseables» en los puestos más requeridos, pero también en aquellos que solían ocupar sus compatriotas de la inmigración económica. Progresivamente, se desarrollaría un deslizamiento, en términos de modalidad de integración, desde la inmigración política hacia la económica [16]. Además, la pertenencia de la mayoría de este grupo a la clase obrera asalariada hacía pensar que, en principio, generarían menos problemas de competencia que la ola de refugiados y refugiadas del III Reich (Noiriel, 2014), en particular los judíos.

27Por otro lado, la selección de fuerza de trabajo entre los hombres internados en los campos alcanzó su culmen con la utilización económica a la vez que militar y su integración en Compañías de Trabajo en la lógica de preparación para la guerra. La creación de las Compañías de Trabajadores Extranjeros el 12 de abril 1939 imponía a los exiliados, es decir, a los «extranjeros sin nacionalidad y los demás extranjeros que se benefician del derecho de asilo» someterse a «todas las obligaciones impuestas a los franceses» [17]. Así, se atendía a una concepción del trabajo como elemento redentor que permitiría «transformar esta masa inorganizada y pasiva […] en elementos útiles a la colectividad nacional» (Estrade, 2016: 53) y se presentaban las prestaciones obligatorias como una forma de agradecimiento al derecho de asilo (Gaida, 2014: 52). Pero, además, atendiendo a una tradición colonial y capitalista, las Compañías de Trabajadores Extranjeros permitían plantear una respuesta a la crisis económica, obteniendo una mayor plusvalía con esta mano de obra de carácter precario, según las necesidades del Estado (Parello, 2016: 234).

28Dentro de los sectores económicos que más emplearon mano de obra exiliada española «civil o exmilicianos» [18] (es decir, dejando la puerta abierta a que estos trabajadores fueran de ambos sexos), fue la agricultura. El «Decreto sobre la situación de los trabajadores de nacionalidad extranjera en caso de guerra» estipulaba que las medidas de control que implicaban la necesidad de una autorización de la oficina departamental de empleo, no se aplicase a las profesiones agrícolas [19]. En efecto, ante «la situación de la mano de obra susceptible de ser puesta a disposición de las explotaciones agrícolas», desde el Ministerio de Trabajo se disponía la «introducción en Francia de Trabajadores Extranjeros». Se contabilizaron «numerosos españoles residentes en Francia que pertenecen a profesiones agrícolas y que, hasta ese momento, han permanecido desempleados». El proceso de selección daba sus frutos al poder contar con «profesionales incontestables cuya moralidad y antecedentes han sido objeto de profundas investigaciones, y cuya contratación eventual tendría todas las garantías deseables, sobre todo desde el punto de vista sanitario» [20].

29Las referencias a la honorabilidad y a la moralidad comprobada de esta población, ahora susceptible de ser empleada, se debía a la conveniencia de contrarrestar el peso de la campaña sobre el «extranjero indeseable», que, como apuntaba Schor (1985), había pasado a ser de un empleo banal y consagrado. Así, los poderes públicos eran conscientes de que, a pesar de la repatriación de una parte del contingente exiliado español, aún había «cerca de una centena de miles de refugiados aparcados [sic] en los campos y, entre ellos, si hay indeseables, existen sin embargo buena gente que podrían ser utilizados y labrarse una existencia». Además, «en estos campos, los elementos buenos que aún son numerosos, si se quedasen aún más tiempo mezclados con los indeseables, correrían el riesgo de, al contaminarse, complicar el problema» [21]. Para el Delegado General de la Unión de Sindicatos Agrícolas que escribía estas palabras, tras la acogida, la puesta a disposición de la economía francesa de esta mano de obra que permanecía ociosa en los campos de concentración constituía la solución a «un problema de humanidad elemental». Por ello, se hacía un llamamiento a la tradición de tierra de asilo de Francia, pues «todas las guerras, en todos los tiempos y en todos los países han provocado semejantes movimientos de población»:

30

«Se dice con razón que la tierra de Francia debe estar de acuerdo con los campesinos franceses. Es así; pero por una parte, a menudo ocurre que, debido al despoblamiento de los campos, la agricultura francesa recurra a la mano de obra extranjera; por otra parte, son numerosas las regiones de Francia donde la Historia nos revela que los buenos y auténticos franceses de hoy descienden de los poblamientos de inmigrantes a lo largo de los siglos anteriores.» [22]

31La puesta en marcha del Comité d’Étude pour l’Etablissement et le Placement des Réfugiés espagnols dans l’agriculture française (REAF) en agosto de 1939, se fijó a partir del acuerdo del presidente del Consejo, Édouard Dalarier, a «la utilización económica de los refugiados» [23]. Este organismo tendría como objetivo la integración de los exiliados y exiliadas españolas en la agricultura francesa, de tal forma que desarrolló un doble estudio, por un lado, de «las capacidades de los refugiados» y, por otro, de «los sectores de la economía agrícola francesa que necesitan actualmente estos trabajadores» [24]. En los Archivos Nacionales de Francia se conservan cerca de 10.000 fichas individuales de hombres y mujeres exiliadas de la guerra de España que podrían ocupar un empleo en el sector de la agricultura [25], lo cual demuestra el ingente trabajo realizado para la contabilización de la mano de obra disponible.

32También las diversas organizaciones humanitarias que se dedicaron a la asistencia al exilio republicano vieron en su integración laboral no solamente un beneficio económico para Francia, sino también una oportunidad de cambio de paradigma al dejar de estar económicamente a cargo del Estado francés. Es preciso recordar cómo un contrato de trabajo representaba, en primera instancia, la posibilidad de salir de los campos y refugios y, consecuentemente, la reunificación familiar y, sobre todo, la emancipación de la tutela del Estado. El Comité français de coordination pour l’aide aux populations civiles de l’Espagne républicaine fue una de estas organizaciones que organizó, en junio 1939, la Conferencia Francesa de Ayuda a los Refugiados Españoles, titulada «Asilo y trabajo para los Refugiados Españoles. Por la liquidación de los campos de concentración» [26]. Esta Conferencia exigía al Gobierno francés:

33

«La liquidación inmediata de los campos de concentración, y que se aplique un verdadero derecho de asilo, comportando el derecho al trabajo y la introducción en la vida social francesa de un número determinado de republicanos españoles y de voluntarios internacionales refugiados en Francia, útiles a la producción nacional y a la defensa del país.» [27]

34Los puntos principales de las resoluciones de esta Conferencia eran, precisamente, la integración de los y las exiliadas republicanas en la industria y el comercio (I); la integración en la agricultura (II); medidas específicas para los niños (III); y para los intelectuales y los médicos (IV). El punto de vista profesional de la voluntad humanitaria de eliminación de los campos era, una vez más, evocado. En general, se afirmaba que «la utilización de la mano de obra cualificada, de los técnicos e ingenieros de la mano de obra menos cualificada y de campesinos, actualmente refugiados en los campos, es una necesidad absoluta», sobre todo, teniendo en cuenta la extrema carencia de mano de obra en determinados sectores. La Conferencia constataba así que «de forma general, todavía se requiere la entrada en Francia de importantes contingentes de mano de obra extranjera; se reclama, en consecuencia, la utilización máxima de la mano de obra de los campos y las colonias [de internamiento de mujeres y niños]» [28].

35Un discurso similar fue defendido directamente por la Ligue des droits de l’Homme, cuyo presidente, Victor Basch había dado el discurso de apertura de la Conferencia. Esta relación cobra más sentido si se observan las semejanzas entre las líneas propositivas defendidas en dicha Conferencia con las del folleto titulado «Du travail pour les réfugiés» [29], donde, apoyándose en datos numéricos insistía en el empleo de esta mano de obra como solución al problema de la «ociosidad» y al gasto de alimentación y alojamiento en los campos y refugios. Con la contabilización de «275.000 refugiados españoles, de los que 160.000 hombres y 115.000 mujeres y niños», el documento se centraba no obstante en los 160.000 hombres «que saben trabajar» y que se dividían en profesiones, de las que destacaban los obreros agrícolas (45.918 hombres) y los obreros industriales (la cifra está dividida entre varias especializaciones dentro del sector).

36El folleto de la Ligue des Droits de l’homme ponía también sobre la mesa la urgencia de emplear a los hombres del exilio republicano además de por motivos económicos beneficiosos para Francia, por su propia integridad. Así, se defendía que «un hombre ocioso es un valor improductivo y un peligro para la sociedad», una «boca inútil», que solamente con este empleo remunerado se garantizaría que pudiesen reconstruir su hogar, con su mujer e hijos [30]. Si bien este punto de vista no fue tan frecuente, varias circulares recogieron las condiciones mínimas de empleo de la mano de obra de los exiliados, asegurando que «el salario dado a estos obreros deberá ser conforme al salario normal y corriente para la profesión y la región» [31]. No obstante, en muchos casos no se hablaba propiamente de salario, sino de «indemnización» o «ayudas», que podían ser fijadas, por las autoridades prefectorales, «teniendo en cuenta los salarios locales, la inexperiencia profesional posible de los trabajadores y su ignorancia de la lengua francesa», y que estaría entre cinco y diez francos al día [32]. Este tipo de instrucciones nos lleva a pensar en la voluntad de que el salario de la fuerza de trabajo española fuera suficiente para no depender económicamente del Estado, que dejaría también de tener a cargo a los familiares que pudieran ser reunificados, pero que, en ningún caso, volviese a levantar la liebre de la competencia con la mano de obra nacional.

37Por otro lado, en las Compañías de Trabajo que ya han sido mencionadas, los trabajadores «prestatarios» recibían un salario diario de cincuenta céntimos, una cantidad de tabaco y sellos al mes, además de una «prima por rendimiento» que, en palabras de Parello (2016: 240), «se demostró en muchos casos ser más una ficción que una realidad». También se recibirían «subsidios familiares para las familias de los trabajadores reconocidas en necesidad». Las resistencias que generaron estas condiciones tan precarias que se fueron encontrando los hombres españoles que se enrolaron, más o menos voluntariamente, en las Compañías quedaron reflejadas en un cartel encontrado en el campo de Argelès-sur-Mer en junio 1939: «Llamada a los españoles del campo a rechazar la oferta de participar en las Compañías de Trabajo», reclamando que «nosotros somos trabajadores, y queremos trabajar, pero con los derechos y deberes de un obrero francés». El affiche seguía: «queremos ser útiles a Francia, pero, por eso mismo, no queremos ser tratados como esclavos […]. Refugiados, si vamos a trabajar sin las mismas bases que los obreros franceses, faltaríamos al verdadero carácter de nuestra lucha» [33].

38Finalmente, el ejemplo de las Compañías de Trabajadores pone en evidencia la asimetría de género existente a la hora de concebir la utilización de la mano de obra del exilio republicano en Francia. Además de ser un método de puesta a disposición de la mano de obra española netamente masculina, las mujeres solamente aparecían como destinatarias de estos subsidios familiares. Vemos cómo las mujeres españolas quedaron desdibujadas, por un lado, por la lógica de la familia como unidad económica, dependiente del cabeza de familia y, por otro, por su papel secundario a la hora de encontrar un trabajo, siendo muchas veces informal o dándose en el contexto de un grupo, como, precisamente, en la agricultura.

Susceptibles de ocupar un empleo asalariado. Trabajo y perspectivas de género

39Las mujeres exiliadas habían pasado también a integrar la categoría de «extranjeros indeseables» (Audeval, 2013: 32-33) progresivamente cuando los centros de internamiento en los que estaban albergadas iban siendo cerrados. La prolongación del estado de dependencia a cuenta de la administración francesa, con los gastos que conllevaba, significó que empezasen también ellas a ser consideradas como una carga económica y que se acelerase el proceso de su introducción en la esfera productiva.

40Las mujeres exiliadas en 1939 habían estado nominalmente ausentes del colectivo de mano de obra inmigrante al estar fuera de la esfera pública y del mercado de trabajo en las primeras concepciones. Las autoridades francesas centraron sus esfuerzos en la incorporación al trabajo de los hombres como potenciales cabezas de familia, para proceder a continuación con la reagrupación familiar. Es así que en noviembre 1939, una comunicación del ministro Sarraut a los prefectos, hablando de las mujeres refugiadas, estas fueron clasificadas según la empleabilidad de su marido o hijos: «las mujeres cuyo marido o hijo tenga un compromiso con las fuerzas armadas; las mujeres cuyo marido o hijo esté en una CTE; las mujeres cuyo marido o hijo tenga un trabajo en la industria o bien en la agricultura», además de aquellas sin familiares en Francia y finalmente el grupo de enfermos y ancianos [34].

41En una comunicación del ministro del Interior a los prefectos en febrero 1940 [35], la clasificación es aún más clara entre los hombres y mujeres españolas, con base en, por un lado, la categoría «A»: aquellos y aquellas que deben volver a España o reemigrar a un tercer país, es decir, los que aún no han salido de la categoría de «indeseables». Por otro lado, la categoría «B»: autorizados y autorizadas a quedarse en Francia. El análisis de género de esta categorización muestra cómo la relación de cada sujeto con el sistema productivo francés es más fuerte que su condición de hombre o mujer. Dicho esto, esta relación productiva era vista no solamente a nivel individual, sino a nivel familiar, lo que contribuía a asentar la familia como nivel organizativo básico del exilio republicano en Francia. En la categoría A, se ubicaban las personas que no tienen relación económica ni familiar en suelo francés: (1) niños con los padres en España, (2) huérfanos, (3) «refugiados mujeres y niños que no pueden justificar tener su respaldo natural en Francia» y (4) los enfermos e inválidos que son refugiados civiles y que no deban temer a represalias en España [36].

42La categoría B, autorizada a quedarse en Francia incluía a (1) los «refugiados válidos susceptibles de ocupar un empleo asalariado» (a los que conviene encontrar un puesto de trabajo por todos los medios); (2) los inválidos, heridos e incurables con temor a sufrir represalias; (3) las familias «cuyo cabeza o un miembro posea un empleo asalariado»; (4) familias «cuyo respaldo pertenece a una Compañía de Trabajadores o está enrolado en una formación combatiente» y (5) miembros de familias «cuyo respaldo está internado como sospechoso» [37]. El grupo número 3 de las personas autorizadas a permanecer en suelo francés evoca la importancia que tendría el grupo familiar como unidad económica en el exilio, a partir de la capacidad del cabeza de familia a hacerse cargo del resto:

43

«La subsistencia de los interesados debe ser, a partir de ahora y a contar desde el 15 de marzo, asegurada por su respaldo […]. Insisto, de nuevo, en la necesidad de efectuar estos reagrupamientos, requeridos no solamente por los extranjeros en cuestión, sino, lo que es aún más importante desde el punto de vista nacional, por los ministerios responsables de su empleo o por los empleadores mismos, esta medida constituye el mejor medio para estabilizar una mano de obra absolutamente indispensable en las circunstancias actuales, para la actividad del país.» [38]

44La importancia de la autosuficiencia económica y la marginación de las mujeres de esta ya había sido, no obstante, impulsada desde que en el otoño de 1937, cuando se instauraba la necesidad de una declaración de recursos para poder mantenerse de forma autónoma en suelo francés como condición para evitar la repatriación [39]. La circular del 10 de julio de 1939 del Ministerio del Interior [40] permitía las solicitudes de reagrupación familiar y alojamiento si se garantizaba que la subsistencia material de cada miembro fuera asegurada, como primer paso para reducir el número de personas a su cargo, además de las repatriaciones. Este principio era reiterado en las instrucciones del ministro del Interior del 7 de noviembre de 1939 sobre «la reagrupación de miembros de una misma familia de refugiados españoles, cuyo cabeza [de familia] ocupa un empleo asalariado» [41].

45Sin embargo, la documentación muestra las dificultades que encontraron las mujeres españolas cuyos maridos estuvieran en Compañías de Trabajadores Extranjeros para reunirse con ellos. Por ejemplo, el exiliado español Luciano Bernat Rebla, «afectado a la 13ª Compañía de Trabajadores Extranjeros, acantonada en la Villa Brémontier», en Arcachon (Gironde) no fue autorizado a hacer venir a su mujer y su hijo, albergados en St Cone de Fresne (Calvados), debido a que «este extranjero, recibiendo solamente el sueldo de un soldado de tropa, y estando obligado a vivir en el campo, no puede hacerse cargo de las necesidades de su familia». Además, se reiteraba la movilidad de estas formaciones militares, negando la posibilidad de que se familia «pueda seguirle en sus peregrinaciones forzadas» [42].

46En estos casos, era necesario que la mujer encontrara un empleo en o cerca del lugar donde estuviera acantonada la Compañía para poder ser autorizada en su movilidad. Por ejemplo, «la refugiada española Libert[ad] Ayguade Casas» que solicitaba la autorización para residir en el departamento de Gironde para reunirse con su marido, el cual «pertenece a la 223ª Compañía de Trabajadores Españoles en Lacanau-Océan» y que aportaba el compromiso de M. Alphonse Gallicher de recibirla como empleada doméstica [43]. Por su parte, la exiliada Eva Flores Valdés, albergada en el campo de Clocher en Guéret (Creuse), y cuyo marido también estaba afectado a la 223ª Compañía de Trabajadores Españoles en Lacanau-Océan, era requerida por M. Henri de Vallier, propietario de una sociedad de confección militar [44].

47En efecto, la entrada de Francia en el conflicto europeo y la activación de la economía de guerra aceleró el proceso de introducción de las mujeres exiliadas como trabajadoras. La carencia de mano de obra debido a la movilización puso en evidencia las jerarquías establecidas entre la fuerza de trabajo nacional (masculina y femenina) y la extranjera (inmigrante, refugiada o colonial), donde además de la nacionalidad, el género era un factor determinante. La interseccionalidad aplicada a la mano de obra reclamada en tiempos de guerra muestra el lugar que las mujeres españolas exiliadas tenían en esta cadena. Así, tras el recurso a las trabajadoras francesas, los trabajadores extranjeros fueron los siguientes en el momento en el que la mano de obra francesa no era suficiente.

48Hablamos de aceleración en la introducción de estas mujeres al mercado productivo, así como de desplazamiento laboral hacia la economía de guerra, pues, en la mayoría de los casos, no se trataba de una mano de obra de nueva explotación (Wikander, 2016). Para el otoño de 1939 ya un buen número de mujeres había salido de los campos y refugios para aportar su trabajo en las explotaciones agrícolas donde, como hemos visto, los hombres españoles ya estaban siendo movilizados. El empleo de familias completas o grupos fue muy frecuente. A título de ejemplo, la solicitud de Monsieur Koiransky de trasladar un grupo de españoles albergados en su establecimiento para colonias de vacaciones, «Cité des Pins Maritimes» (Vendée) antes del 15 de junio, cuando recibiría los campamentos de niños habituales en este espacio. Se planteaba la posibilidad de que este grupo fuera empleado en una propiedad agrícola de 105 hectáreas que el mismo propietario poseía en Gironde, la cual estaba «parcialmente cultivada y comporta cerca de setenta hectáreas […] en mal estado» debido a «la falta de mano de obra local, absorbida por los talleres de St. Médard y, también probablemente por los precios normales de mano de obra del departamento», que, por su elevación, no se aconsejaba su empleo en tareas menores como la limpieza. Además de este argumento de tipo individual, se ponía sobre la mesa que «actualmente los refugiados españoles están desocupados y pierden el gusto y el hábito del trabajo. Hay interés en detener esta situación para aquellos que deban quedarse en Francia». El grupo que se pretendía emplear en estas tareas se caracterizaba, no obstante, por varios elementos negativos, siendo los principales: la edad de más de cincuenta años de los hombres (no se tienen en cuenta en esta descripción las mujeres); «su ignorancia de nuestra lengua y el tipo de trabajo», por lo que «parece casi imposible pagarles, por el momento, un salario que permita que puedan hacer vivir normalmente a su familia, en algunos casos, muy numerosa» [45].

49El punto de vista de este propietario agrícola, además de invisibilizar en su discurso la presencia de mujeres (que, no obstante, eran más de la mitad de este grupo compuesto, además, por hombres de más de cincuenta y cinco años y por niños y adolescentes), evoca la urgencia de emplear la mano de obra internada en espacios provisionales que debían ir vaciándose. Esta realidad tuvo aún más peso ante dos circunstancias como fueron la necesidad de liberar los espacios de internamiento requeridos para albergar la nueva ola de refugiados que venía de Alsacia y Lorena y del norte de Francia y, paralelamente, ante el cierre definitivo de los espacios de refugio previsto inicialmente para el mes de marzo de 1940. En la primera circunstancia, las exiliadas españolas se encontraron con la problemática de la competencia entre los y las trabajadoras españolas y francesas. Esto queda muy bien ilustrado con la deliberación del Conseil Municipal de Bordeaux, en su sesión ordinaria del 9 de junio de 1940 [46]. En este documento se expone la problemática surgida tras la ocupación de la enfermería de un antiguo campo (ya cerrado) por parte de varias exiliadas españolas y la imposibilidad de alojar en estas estancias a un grupo de refugiados franceses de Amiens (Picardie) que huían de los ejércitos nazis de ocupación. Cuando se les pidió a las mujeres españolas que liberasen el lugar, ellas rechazaron abandonarlo bajo el pretexto de que tres de ellas estaban empleadas como lavanderas en la residencia de ancianos que acababa de crearse. Así, la conclusión del Consejo manifiesta su protesta por tal actitud, considerando que habrían debido ofrecer espontáneamente a los «desgraciados refugiados franceses» la hospitalidad de la que ellas disfrutan desde hace dieciséis meses. Unánimemente, se pedía a la autoridad superior las medidas necesarias para que estas extranjeras, que «ya no se merecen beneficiar del derecho de asilo», abandonasen el espacio con la mayor brevedad. Y que, además, las lavanderas españolas que estaban empleadas desde hace unos días en la residencia fueran inmediatamente reemplazadas por lavanderas francesas.

50A pesar de la voluntad proteccionista con la mano de obra nacional, la intensificación de la demanda significó que la fuerza de trabajo de las mujeres españolas que aún se encontraban en campos y refugios y que no fuese necesario seguir internando por motivos políticos, fuese progresivamente tenida en cuenta. De hecho, el cierre de estos campos previsto para marzo de 1940 fue aplazado desde el Ministerio del Interior, presionado desde los Ministerios de Trabajo y Agricultura, con el fin de prolongar el tiempo de encontrar puestos de trabajo para emplear a estas mujeres y evitar la repatriación de una mano de obra válida y disponible. Así, en una circular del 1 de marzo [47], se informaba de la decisión de «posponer hasta nueva orden toda evacuación forzada de refugiados españoles, sean hombres, mujeres o niños, que no sea necesaria en ante circunstancias particulares». Desde el Ministerio de Trabajo se señalaba el «interés a que los españoles refugiados en Francia, y principalmente las mujeres, sean provistas de un empleo en la agricultura. Es absolutamente necesario recurrir cada vez más a esta mano de obra cuya utilización se demuestra, día a día, más indispensable». Así, ante esta información, se indicaba a las autoridades locales la puesta a disposición de «los centros de acogida donde aún se encuentren refugiados españoles, hombres y mujeres, sin trabajo» [48].

51Habiendo constatado el interés en la mano de obra que las mujeres exiliadas españolas podían prestar a la colectividad y la progresiva llamada a su participación en el sistema productivo, cabe finalmente analizar a qué trabajos fueron destinada. Las seis cartas fechadas entre abril y mayo de 1940 en las cuales el prefecto de l’Ariège envió informes individuales de refugiados empleados en la agricultura o la industria [49] muestran la voluntad de control del emplazamiento de los y las trabajadoras españolas en la economía nacional y nos proporcionan interesantes datos a nivel micro. El análisis, sin voluntad de conjunto, del contenido de veinticuatro fiches de renseignement de mujeres permite hacerse una mayor idea de la realidad de la inserción de la mano de obra de las refugiadas españolas. Así, la gran mayoría de mujeres de las que se da cuenta en este informe entraron en Francia en el momento de la Retirada, pero fueron empleadas en distintos momentos. Más de la mitad tuvieron que esperar a marzo de 1940, cuando se empieza a instar oficialmente el trabajo de las mujeres españolas. La duración del contrato es la más heterogénea, yendo desde contratos de corta duración (tres o seis meses), a la duración ilimitada, muchas veces especificada en relación con la duración del conflicto armado, lo que informa de la importancia del trabajo femenino para la economía de guerra. Por último, los trabajos se desarrollaban en prioridad directamente a particulares (excepto empresas relacionadas con la guerra de confecciones militares), donde, además del empleo como costurera u obrera agrícola, de nuevo, destacaba el trabajo doméstico.

52Las fiches de renseignement o d’orientation permiten hacerse una idea de los perfiles laborales de las mujeres españolas en Francia y cómo eran percibidas por la administración francesa para incluirlas en la economía nacional. Esta información, no obstante, debe ser analizada con cuidado ya que, como todo documento administrativo, no tiene por qué reflejar las verdaderas competencias laborales de estas mujeres, a las cuales solamente se les preguntaba con el objetivo de que encajen dentro de las necesidades de contratación. Así, muchas de ellas no estarían orientadas profesionalmente a la agricultura (el sector más demandado) o al servicio doméstico, pero la urgencia de la situación por encontrar trabajo de «cualquier cosa» como alternativa a la repatriación era muy fuerte. Efectivamente, en su incorporación como mano de obra pasaron a ejercer los empleos más modestos que supuestamente eran rechazados por los trabajadores nacionales, pero también a los empleos temporales y circunstanciales requeridos por la guerra. Gran parte de las refugiadas que estaban siendo empleadas como mano de obra barata por el Estado francés desde 1939, pasaron, en 1940, a recolocarse en los sectores más demandados: confección de ropa para los soldados, la agricultura y ganadería en explotaciones cuyos trabajadores estaban movilizados, y, sobre todo, el empleo como criadas.

Conclusiones

53El exilio republicano español en Francia puede ser analizada desde un punto de vista interseccional, teniendo en cuenta las especificidades de género, y de otras categorizaciones sociales que juegan un importante papel en su asignación y utilización como mano de obra. La clase y la categoría profesional, el honor y la no pertenencia al grupo de «indeseables», así como la condición la entrada en el país como civil o como militar condicionan la percepción que las autoridades francesas lanzaron sobre la potencial mano de obra que representaba el colectivo del exilio republicano español.

54A pesar de los prejuicios y de la herencia de las políticas de restricción del trabajo a los y las extranjeras, la condición de obreros asalariados y la posibilidad de ocupar empleos demandados, permitieron, en el caso de este grupo, su utilización como mano de obra. Además de su rentabilidad económica, su empleo permitía liberar dinero y recursos destinados a su internamiento y, además, para los propios exiliados y exiliadas, evitar la repatriación forzada. Este elemento marca la diferencia con el recurso a otro tipo de obra extranjera de otras categorías nacionales. Pero esta «ventaja» no puede ser entendida como una posible modificación de las relaciones de poder y dependencia con respecto al Estado francés.

55En el caso de las mujeres, el empleo significaba un traspaso de su adscripción de la tutela del estado francés a la de la familia patriarcal (Maugendre, 2013), donde la figura del cabeza de familia, casi siempre declinada en masculino, contribuyó a la marginación del empleo femenino de las fuentes y del relato histórico. Por otro lado, la comparación de las diferentes modalidades y condiciones de inserción en el mercado de trabajo francés de los hombres y mujeres españolas denota diferentes ritmos de generación de necesidad de mano de obra y de su puesta a disposición, siguiendo una jerarquía de género y de nacionalidad. Aunque la necesidad de mano de obra, en general, y en particular en el clima bélico de 1939, fue más importantes en los sectores masculinos, la mano de obra femenina también fue requerida. En efecto, la mano de obra femenina extranjera tendía a remplazar a sus compatriotas masculinos, sobre todo en la agricultura y, muy especialmente, en los trabajos como temporeras. También se detectaba un aumento de la demanda de mujeres extranjeras como empleadas domésticas.

56Sin embargo, el peso de la voluntad de proteger la Economía Nacional y la mano de obra francesa atravesó todo este proceso. Hay que diferenciar, no obstante, la viabilidad de este discurso en épocas de crisis económica y paro estructural, como los años 1930, y en épocas de carencia de mano de obra en sectores concretos, como en la economía de guerra. El régimen de Vichy supuso un paréntesis en el que se combinaron medidas proteccionistas de la mano de obra nacional con el recurso a la mano de obra extranjera militarizada bajo los Grupos de Trabajadores Extranjeros, herederos de las Compañías de Trabajadores Extranjeros, así como el mantenimiento de las estructuras de economía de guerra, esta vez, a servicio del invasor alemán (Viet, 2004; Gaida, 2014). Con el fin de la contienda mundial, el escenario volvía a modificarse. Así se demuestra en una circular del Ministerio del Interior en agosto de 1949, donde se proponía que «en las circunstancias actuales, el objetivo es el de volver a dar trabajo a los franceses, volver a clasificarles en las profesiones que habían abandonado, y solamente emplear en caso de urgencia los extranjeros que por el momento no pueden ser eliminados [sic]» (Bennassar, 2005: 90).