A lo largo de décadas, la Unión Europea, el Estado, los operadores estatales nacionales y también las autoridades regionales han lanzado numerosas convocatorias de proyectos.
Estos organismos que tienen medios de financiación, sobre todo los del presupuesto de la Unión Europea y del Estado, definen problemas y muchas veces invitan a los territorios a presentar expedientes que se inscriben en sus marcos predeterminados con la finalidad de obtener financiación. El objetivo es loable: no se trata de entregar una subvención al territorio pensando que la utilizará en su beneficio, sino que el territorio utilice esa subvención en la problemática elegida por el financiador.
En la práctica, existe una gran desigualdad entre los territorios, entre los que cuentan con importantes recursos de ingeniería que les permiten cumplir fácilmente los requisitos administrativos de seguimiento y respuesta a las convocatorias de proyectos, y los demás. En cualquier caso, responder a las convocatorias de proyectos es costoso en términos de tiempo y recursos humanos para los territorios. Y la decisión final es tomada por estructuras cuyos criterios no son necesariamente claros y cuyas respuestas tardan a veces en llegar, lo que resulta desmotivador.
A nivel de la Unión Europea, hay que señalar que la política de cohesión, cuyo objetivo, a través de sus convocatorias de propuestas, es, según el Acta Única Europea de 1986, "reducir las diferencias entre las distintas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas", apenas ha logrado su objetivo si tenemos en cuenta las todavía considerables diferencias de desarrollo entre las regiones europea…