1Entre la campaña electoral de 2016 en Estados Unidos, la llegada de Donald Trump a la presidencia a principios de 2017 y la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las presidenciales del verano de 2018 en México, las cuestiones migratorias han ocupado constantemente el espacio político y mediático de estos dos países y, de rebote, mucho más allá. Pero ¿cuál es la importancia de estas cuestiones cuando tratamos de ubicarlas en una perspectiva geopolítica más amplia y menos sometida a los dictados de las declaraciones rimbombantes, los posicionamientos unilaterales y la instrumentalización de asuntos que son más complejos de lo que dan a entender los tuits actuales? Analizando en perspectiva las lógicas migratorias del espacio norte y centroamericano, este artículo trata de explicar los desafíos geopolíticos de las cuestiones de movilidad humana en la región. Externalización de las fronteras, posicionamientos sobre seguridad, visiones geoestratégicas e imbricación de las movilidades con otros desafíos contemporáneos son aquí cada vez más apremiantes. Para muchos observadores, el espacio nacional mexicano se encuentra en el corazón de las recomposiciones recientes, en un inédito juego de espejos entre su frontera norte con Estados Unidos y su frontera sur, enfrentada hoy a evoluciones inciertas, en una conexión entre dinámicas de escala local, nacional y continental.

2Las cuestiones geopolíticas relativas a la articulación entre América del Norte y América Latina están marcadas desde hace tiempo por dimensiones múltiples y entrelazadas: control del territorio y de los recursos, influencias militares y geoestratégicas, estrategias de imposición de modelos de desarrollo económico bajo la dependencia de Estados Unidos, cuestiones de control en la circulación de mercancías, tanto lícitas como ilícitas, etc. En este panorama, las cuestiones de las movilidades humanas ocupan hoy en día un lugar central, siguiendo los avatares de las lógicas de apertura o cierre de fronteras en un espacio regional que, desde mediados del siglo XX, es uno de los más transitados en el mundo. Los desafíos geopolíticos de las migraciones rara vez han sido tan acuciantes como en estas últimas décadas, siguiendo el triple movimiento del auge de las lógicas neoliberales, la evolución de las propias lógicas migratorias y el lugar que estas movilidades ocupan en las agendas políticas de los diferentes países de la región. La imbricación de los posicionamientos de actores de todo tipo es una realidad contante: los estados y sus diferentes instancias, los actores de la «industria de la migración» (desde las compañías de transporte hasta los coyotes, pasando por los organismos de transferencia de dinero), los grupos criminales que se benefician de las vulnerabilidades de las poblaciones en movimiento, los actores de la sociedad civil y las comunidades locales, para las que las cuestiones migratorias están en el centro de la transformación de las condiciones de vida de millones de personas. De Tegucigalpa a Washington, las cuestiones migratorias ocupan así los escenarios políticos, más o menos directamente según los momentos, dictando o bien orientando posicionamientos que interfieren con otras lógicas nacionales o regionales. Abordar estas cuestiones puede así implicar cuestiones de lucha contra la pobreza, de seguridad interior y hemisférica, de control fronterizo, de lucha contra la violencia, la corrupción o el narcotráfico, en configuraciones que pueden conducir a posicionamientos polarizados en un espacio regional de interdependencias cada vez más fuertes.

Dinámicas migratorias complejas y evolutivas

3Lejos de las simplificaciones contenidas en algunos discursos políticos o mediáticos, las lógicas migratorias del espacio regional norte y centroamericano son actualmente diversas. La atracción migratoria de Estados Unidos sigue siendo fuerte y el área de procedencia de los migrantes internacionales se ha expandido. Por ejemplo, la Border Patrol (Patrulla Fronteriza) estadounidense detuvo en 2017 más migrantes procedentes del Triángulo Norte de América Central (Guatemala, Honduras, El Salvador) que migrantes procedentes del vecino México (165 000 contra 130 000). [1] Los datos sobre la entrada a Estados Unidos muestran que, por primera vez en la historia reciente, los migrantes procedentes de China y de India en 2015 eran más numerosos que los procedentes de México, si se consideran únicamente las entradas legales. Pero estos datos difícilmente pueden ocultar que algunas corrientes migratorias procedentes de diversas partes del mundo transitan actualmente por los países del sur de Estados Unidos para alcanzar América del Norte fuera de los cauces oficiales, que se han vuelto más restrictivos.

4México se sitúa por lo tanto en el corazón de esta configuración, en un panorama general en el que se pueden distinguir cuatro dinámicas concomitantes, al menos esquemáticamente, de emigración, de retorno, de migración de tránsito y de inmigración. A la emigración tradicional hacia el vecino del norte, nacida en los ámbitos rurales del centro-oeste del país desde inicios del siglo XX, se han añadido otras formas migratorias. Desde mediados de los años dos mil, los retornos migratorios son significativos, algo que ha sido en parte interpretado como una inversión de los intercambios migratorios con Estados Unidos. En el censo mexicano de 2010, 980 000 personas residentes en México declararon que cinco años antes vivían en Estados Unidos. Si a esto añadimos las 770 000 personas nacidas en Estados Unidos y censadas en México (esencialmente descendientes o miembros de las familias retornadas), podemos decir que México ha recibido cerca de 1,7 millones de personas procedentes de su vecino del norte (Barros Nock y Escobar Latapí 2017). En 2018, la incertidumbre que pesa sobre los dreamers, estos jóvenes nacidos en México pero llegados a Estados Unidos antes de sus dieciséis años, se añade a esta dinámica. Cerca de 800 000 jóvenes se benefician por el momento del programa DACA [2], instaurado por Barack Obama en 2012, que les protege temporalmente ante una eventual expulsión. Pero el programa está en el punto de mira de la administración Trump y sólo se mantiene debido a que ciertos jueces se están oponiendo a la argumentación que trata de suprimirlo. Tomadas en su conjunto, estas lógicas de retorno se deben a diferentes factores: a partir de 2008, la crisis económica y financiera contribuyó en Estados Unidos a reducir claramente la oferta de empleos poco cualificados, concretamente en el ámbito de la construcción y de los servicios, en los que los migrantes están ampliamente representados. A esto se añade de modo más parcial la existencia de oportunidades en México, concretamente para los migrantes que disponen de recursos económicos resultantes de la migración y que mantienen vínculos con las regiones de origen. Esto ocurre concretamente en el centro-oeste del país, en particular en las ciudades medias y en el campo, donde los programas de tipo 3x1 [3] han sabido catalizar algunas transferencias migratorias hacia iniciativas de desarrollo local. Pero está lejos de ser cierto para el conjunto del país, y el contexto de violencia creciente ha limitado estos efectos. Finalmente, el ascenso de los sentimientos anti-inmigrantes en Estados Unidos ha desempeñado un papel importante en el último decenio, más palpable aún desde la llegada de Donald Trump a la cabeza del ejecutivo en enero de 2017 y los temores que han generado las diferentes medidas que ha puesto en marcha. Desde un punto de vista más general, las declaraciones tan hostiles a los inmigrantes mexicanos que jalonaron su campaña y le proporcionaron el apoyo de una parte de la población en Estados Unidos han rebajado las condiciones de vida de los migrantes mexicanos. En Arizona, la ley de 2010 que permitía a la policía asegurar funciones de detección de población en situación irregular constituye un paso adelante en esta dirección. En 2018, el episodio de la separación de los niños de sus padres en situación irregular acaparó toda la atención y tuvo un impacto mediático fuerte, obligando a la administración Trump a dar marcha atrás sin dejar de mantener un discurso de «tolerancia cero».

5A pesar de esto, los movimientos de retorno no deben ocultar la importancia de la inmigración y sus efectos a largo plazo. Más de once millones de mexicanos viven en Estados Unidos y cerca de 175 000 personas han obtenido un estatus legal en 2016. Desde los años noventa, la dinámica migratoria se amplió en México a poblaciones y regiones hasta entonces menos afectadas, concretamente las ciudades y el sur del país (en especial los estados de Veracruz y Guerrero). En numerosos contextos locales, la mejora de las condiciones de vida depende de las remesas migratorias y los periodos de trabajo en el extranjero siguen siendo un componente significativo de la economía familiar (Faret 2006). En el registro de las migraciones temporales con contrato, el flujo de migrantes mexicanos estacionales del programa H2A [4] da testimonio de esto. El volumen de trabajadores agrícolas está de nuevo aumentando en México en los últimos años, contando con 412 000 personas en 2017.

6Otra gran dinámica migratoria actual es la de la migración procedente de América Central con destino a Estados Unidos y mayormente en tránsito en México. Según las fuentes, entre 200 000 y 500 000 migrantes centroamericanos atraviesan México anualmente, [5] sin estatus legal en la mayoría de los casos. Estas estimaciones son difíciles de precisar debido a que el movimiento escapa en gran parte a los registros estadísticos. Estas poblaciones vienen en su mayoría del Triángulo Norte de América Central. Tomada en su conjunto, la población procedente de estos tres países y residente en Estados Unidos estaba cerca de los tres millones de personas en 2017, lo que la convierte en el segundo grupo más importante después del mexicano. Con el endurecimiento de los controles migratorios en la frontera de México con Estados Unidos y el sentimiento anti-inmigrantes, que está fortaleciéndose en este último país, muchas organizaciones de la sociedad civil señalan que la cantidad de personas que se quedan en México está en aumento actualmente; cerca de uno de cada tres, según un estudio reciente (REDODEM 2018). A esto se añade el final programado del Temporary Protected Status (estatus de protección temporal), que había permitido a los hondureños y salvadoreños beneficiarse de un régimen especial en Estados Unidos después del huracán Mitch de 1998. En estas condiciones, México emerge como un espacio de repliegue en algunas trayectorias bloqueadas, entre la dificultad de entrar a Estados Unidos y la imposibilidad de considerar un retorno a las regiones de origen. Las raíces de esta migración centroamericana están en la insuficiencia crónica de oportunidades económicas en los países centroamericanos y en los contextos de violencia, tanto rural como urbana. Entre 2014 y 2016, entre los tres países del Triángulo Norte sumaron 50 000 muertos, esencialmente debidos a la violencia de las bandas y al tráfico de droga. A partir de mediados de los años noventa se registran altos niveles de emigración en la región, y estos se concatenan en buena parte con los movimientos de exilio del período de las guerras civiles de los años 1979-1996 (Faret 2015). La importancia de estas migraciones internacionales en países con una población que va de los seis a los diecisiete millones de habitantes (es decir, mucho menos que los 129 millones de México) es económicamente muy fuerte. En 2017, las transferencias monetarias de la migración internacional (remesas) representaban del 11 al 19 por ciento del PIB [6] de Honduras, de Guatemala y de El Salvador, y su volumen está en alza en los tres países (Orozco 2018). A modo de comparación, las remesas migratorias en México no superan el 3 por ciento, debido a una economía más diversificada. En América Central, la migración internacional se ha convertido en una pieza clave de la evolución de las sociedades nacionales, creando a la vez lógicas de dependencia de una dinámica que se ha vuelto muy incierta, debido a la predominancia de las situaciones de clandestinidad, y una inestabilidad política que solo excepcionalmente permite la articulación de la migración con formas de desarrollo en las regiones de origen. La emigración repercute actualmente cada vez más en las poblaciones urbanas, influenciada por la extensión de los riesgos generados por las maras [7], cuyos espacios de acción también se han extendido a lo largo de las rutas migratorias, más allá de las fronteras nacionales (véase Fuentes-Carrera 2018).

7A este panorama migratorio se añaden hoy en día cada vez más flujos de migrantes haitianos, cubanos, venezolanos, nicaragüenses y otros migrantes procedentes de América Central o de países africanos, que entran en la dinámica migratoria siguiendo la evolución de los acontecimientos que empujan a la migración en los países de origen. Esto convierte al espacio mesoamericano en un corredor migratorio de intensa actividad y de multiplicación de las vulnerabilidades. Por ejemplo, los migrantes cubanos que remontan por vía terrestre el istmo centroamericano, desde Ecuador o Guyana, estuvieron entre 2015 y 2017 en el centro de una crisis geopolítica que condujo en particular a una retirada temporal de Costa Rica del sistema de integración centroamericano. Otra manifestación de estos flujos es la visibilidad reciente de una comunidad haitiana en Tijuana (México) desde 2016.

Las migraciones en el corazón de las relaciones geopolíticas regionales

8El lugar que ocupan las cuestiones migratorias en las relaciones geopolíticas de la región se inscribe en un contexto de transformaciones profundas. Desde los atentados terroristas de 2001 en Estados Unidos, los asuntos de seguridad nacional han dominado las relaciones bilaterales. La cuestión del control de las fronteras se ha convertido en una piedra angular de las relaciones en la región, alrededor de una perspectiva estadounidense de defensa, proyectada sobre el escenario regional en términos de «seguridad hemisférica». Desde este punto de vista, la política estadounidense de reforzar el control migratorio y la frontera no empieza en la era Trump. Si tomamos como criterio las expulsiones y las devoluciones a la frontera, las presidencias de George W. Bush y Barack Obama han estado marcadas por los niveles más elevados de la historia reciente de Estados Unidos, contando entre 300 000 y 400 000 casos anuales. La lucha contra el terrorismo ha llevado, entre otras medidas, a la creación del Departament of Homeland Security (DHS – Departamento de Seguridad Nacional) en 2003, reagrupando unidades administrativas diferentes bajo una entidad única cuya denominación emplea una terminología que no existía anteriormente (Nieto Gómez 2009). A esto ha seguido un refuerzo de los efectivos de la Border Patrol, con la intención de garantizar la seguridad y evitar así que grupos terroristas usen las rutas migratorias existentes para llegar a Estados Unidos, lo que ha justificado, en buena parte, una militarización de la frontera ampliamente criticada por miembros de las organizaciones civiles de defensa de los migrantes. Solo en la frontera con México, los efectivos de la patrulla fronteriza han pasado de 9100 agentes en 2001 a más de 18 500 en 2017, según los datos del propio departamento. Al mismo tiempo se desarrollaba un programa de «frontera inteligente», con un recurso cada vez mayor a tecnologías procedentes del mundo militar aplicadas en el control de las entradas ilegales en el territorio, incluyendo captores, radares y vigilancia aérea. El control de las mercancías ilícitas, de las redes de tráfico de drogas y de eventuales filiales terroristas ha sido clave para la justificación de estas inversiones, de tal manera que es difícil decir aquí en qué medida la cuestión migratoria ha sido arrastrada o ha sido el motor de estas evoluciones. Pero sin duda, el franqueo de la frontera por parte de miles de migrantes —en situación legal o no— se ha visto afectado, provocando una criminalización de poblaciones por otra parte en situación de vulnerabilidad social y económica, en muchos de los casos. En este contexto, la promesa electoral de Donald Trump de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México era a la vez una prolongación de esta dinámica de refuerzo del control y un elemento retórico característico del candidato, el proyecto faro de una política de «tolerancia cero» que gustó al electorado conservador de Estados Unidos. Resulta poco probable sin embargo que este proyecto vea la luz: el coste de la construcción está estimado en 21 000 millones de dólares, sin contar con el hecho de que una gran parte de los terrenos en la frontera están bajo régimen de propiedad privada y deberían ser expropiados. [8] La voluntad de que sea México quien financie directamente este muro es otra postura poco realista en el contexto actual. Quedaría pues recurrir a impuestos a las importaciones procedentes del país vecino, a los envíos de remesas de los migrantes o a las iniciativas administrativas de obtención de visados, pero la implementación de estas medidas parece política y económicamente muy difícil de obtener actualmente.

9De manera más general, vemos cómo las cuestiones de seguridad y de lucha contra el terrorismo posteriores al 11 de septiembre de 2001 no han logrado una unificación de los posicionamientos en la región, a pesar de la imposición de un discurso frente a riesgos considerados como globales. Durante un tiempo, la tentativa de una visión concertada de las problemáticas migratorias condujo a la implementación de una Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte (ASPAN), que reagrupaba a Canadá, Estados Unidos y México (2005). Pero la voluntad política de colaboración brilló por su ausencia y se constató rápidamente una vuelta a las negociaciones binacionales, que sometían una vez más las cuestiones migratorias a la fluctuación de las prioridades nacionales y, sobre todo, a las cuestiones de política interior de Estados Unidos y a su capacidad para dictar las agendas regionales. Se puede ver en esto la influencia de ciertos círculos políticos de Estados Unidos, para los que una lectura de los fenómenos de violencia y de crimen organizado —tanto en México como en América Central— apela a registros de acción nuevos y no dependientes de formas integradas de colaboración, consideradas como poco eficaces. Un primer eslabón de una estrategia de primer orden de reposicionamiento de Estados Unidos en una perspectiva de seguridad hemisférica fue registrado en el período 2005-2015, como veremos más adelante, a propósito del espacio mesoamericano.

10En otro ámbito, el de la aplicación de los tratados internacionales de protección de las poblaciones en peligro, la situación también ha evolucionado mucho. En México, el número de demandantes de asilo creció estos últimos años de manera exponencial. Según los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR), el número de demandantes de asilo pasó de menos de 1300 en 2013 a cerca de 15 000 en 2017, es decir, se multiplicó por once en cuatro años. Las demandas de protección recibidas en 2017 procedían (por orden de importancia) de poblaciones originarias de Honduras, Venezuela y El Salvador. La tasa de atribución del estatus de refugiado ha sido de menos de una demanda de cada ocho en el ese año. Los retrasos acumulados en el estudio de los expedientes son importantes y las insuficiencias de personal de la COMAR son notorias. [9] El ascenso en la sociedad civil de la exigencia de una verdadera política de acogida es creciente. La tradición de hospitalidad de la que podía presumir el país ante los exiliados y migrantes forzados a lo largo de todo el siglo XX [10] no funciona igual, ni mucho menos, con los migrantes mucho más cercanos y que huyen de situaciones de violencia cada vez más acusadas, en particular en el Triángulo Norte centroamericano (PEN 2016). Actualmente la cuestión del asilo se encuentra, por otra parte, en el centro de un pulso con Estados Unidos. Durante su visita a México en julio de 2018, Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, se entrevistó con el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Reiteró la voluntad de la administración estadounidense de lograr que los migrantes que intentan pedir asilo en Estados Unidos busquen una protección en México. Esta cuestión se inscribe en el marco de una proposición de acuerdo bilateral que la administración Trump inició con responsables mexicanos para aplicar una política de first safe country (primer país seguro), que haría de México el responsable de las cuestiones de demandas de asilo procedentes de todo el sur del espacio norteamericano. Parece poco probable que el equipo de López Obrador y el Congreso mexicano firmen un acuerdo de este tipo, pero esto ilustra la presión ejercida por la administración Trump precisamente en el momento en el que se discuten los nuevos contornos del tratado de libre comercio NAFTA [11]. El tema de la demanda de asilo sigue siendo, en el espacio norteamericano, una cuestión de soberanía nacional y recuerda que la construcción regional norteamericana es un proceso económico, difícil además, y sin perspectiva política integrada. Una «versión Trump» de lo que se conoce en Europa como Reglamento de Dublín tiene pocas probabilidades de éxito. Durante la campaña electoral, López Obrador señaló: «México es un país libre, soberano; no le vamos a hacer el trabajo sucio a ningún gobierno extranjero» [12]. Esta declaración de intenciones la hacía cuando era solo un candidato —cuyas tendencias populistas han sido además señaladas en bastantes ocasiones— y refleja muy limitadamente los márgenes de maniobra de una administración que entrará en funciones en diciembre de 2018.

La frontera sur de México: punto de cristalización de desafíos multiescalares

11En este contexto, los desafíos geopolíticos de las cuestiones migratorias cristalizan actualmente de manera totalmente singular en la frontera sur de México, donde empiezan a mostrarse los efectos de una «externalización» de las fronteras estadounidenses (Villafuerte Solís 2018). Esta frontera es una demarcación de 1150 km, la mayor parte de la cual discurre entre México y Guatemala. Al norte, 200 km son compartidos entre México y Belice. Estos espacios fronterizos han sido durante mucho tiempo, para cada uno de estos tres países, los confines del estado-nación, distanciados de las capitales, marcados por unos niveles de pobreza elevados y por una marginalidad socioeconómica persistente. Han sido así otro tipo de fronteras, esencialmente frentes agrícolas, las que han predominado históricamente. Desde finales del siglo XIX y hasta los años setenta, la expansión del café desde Guatemala ha permitido el desarrollo de una economía de plantación como principal motor económico de la región. Los desplazamientos por trabajo de la población rural pobre han acompañado a esta lógica de expansión de las fincas, procedente o bien de las tierras altas del estado mexicano de Chiapas, o bien a partir de la vecina Guatemala. El desarrollo de las grandes plantaciones en el Soconusco, al sur de Chiapas, y la expansión de las explotaciones de banana, algodón y caña de azúcar se beneficiaron de esta mano de obra. Se desarrollaron así intensos movimientos internacionales de jornaleros guatemaltecos, y aún siguen siendo importantes, en una lógica de proximidad regional en gran parte permitida por las configuraciones culturales de un espacio maya anterior al trazado de las fronteras internacionales. Desde este punto de vista, el espacio transfronterizo del sur de México está lejos de corresponder a la configuración de la frontera norte, donde la construcción de un espacio compartido solo existe realmente con el desarrollo urbano vinculado al trazado de la frontera. Otra dimensión importante es la propia naturaleza de la región México-Guatemala: entre bosques, valles compartimentados y frentes agrícolas, el espacio físico hace compleja una materialización de la frontera y, en consecuencia, una capacidad de control de las entradas y salidas del territorio. Si bien existen actualmente ocho puntos oficiales para cruzar la frontera, el número real de lugares para cruzar la frontera es probablemente superior a cincuenta, la gran mayoría de ellos carentes por completo de cualquier tipo de registro por parte de las autoridades migratorias.

12El interés dedicado por el gobierno mexicano a la frontera sur se presenta como un giro reciente de la situación desde un punto de vista histórico. Las diferentes iniciativas en la región solo son perceptibles desde los años noventa y su sucesión da testimonio de una perspectiva marcada por nuevos factores. En 1998, el gobierno mexicano lanzaba la operación Sellamiento, que pretendía reducir los flujos de drogas que entraban por el sur de México. Con el cambio de mayoría y la llegada de la administración de Vicente Fox se implementó un primer Plan Sur en 2001, pero su alcance fue limitado. En este mismo momento, la otra perspectiva política para el sur mexicano es de naturaleza geoestratégica y se concibe a sí misma como más ambiciosa. El Plan Puebla Panamá (PPP) aspira a una escala que incluye los siete países centroamericanos, implicando a los nueve estados del sudeste mexicano [13] y reclama objetivos de un desarrollo calificado como «integral y sostenible». Concretamente, se trata de favorecer iniciativas que traten de facilitar los intercambios comerciales, la promoción del turismo, la integración de las redes energéticas y de comunicación o la lucha contra los desastres naturales. Esta estrategia, que descansa esencialmente en la perspectiva de las inversiones privadas, supuestamente debería ir acompañada también de una «dimensión humana» fundada en la reducción de la pobreza, el refuerzo de la democracia y la valorización de las culturas locales. En 2008, bajo la presidencia de Felipe Calderón, el PPP se convierte en el Proyecto Mesoamericano, ampliándose a Colombia y a la República Dominicana. La redinamización del proyecto inicial resulta aún más necesaria cuanto que los resultados obtenidos inciden más en mejoras de las grandes infraestructuras (viales y energéticas concretamente) que en avances socioeconómicos que puedan asegurar la estabilidad económica de las poblaciones de la región. De hecho, mientras que el proyecto trata solo indirectamente la degradación de las condiciones de vida y la marginalidad económica y social, las dinámicas de emigración en la región se hacen cada vez más acuciantes.

13Estas se muestran, de forma paradójica, mucho más claramente en las discusiones vinculadas a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que se convierten en México en una prioridad de primer orden para la administración Calderón. En estos temas, la presión de Estados Unidos es sensiblemente más fuerte que en los temas relacionados con el desarrollo integral deseado por el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, el órgano de discusión mesoamericano nacido tras las guerras civiles de la región. Las amenazas que las actividades de la droga y del crimen organizado hacen pesar sobre la seguridad de la región, y por extensión de Estados Unidos, conducen en 2008 a la implementación de la Iniciativa Mérida, una serie de apoyos de diferentes agencias estadounidenses a México para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, con un presupuesto asignado de 2900 millones de dólares. A mediados de 2018, según la embajada de Estados Unidos en México, se liberaron 1600 millones de dólares para dotar a las fuerzas armadas mexicanas de helicópteros, aviones con aparatos de detección térmica, material informático y radiocomunicación. En paralelo, se implementaron programas de entrenamiento de las fuerzas de seguridad mexicanas para transferir conocimientos en materia de operaciones antinarcóticos. Esto hace de la Iniciativa Mérida el acuerdo de cooperación más importante de Estados Unidos con un país americano desde el Plan Colombia. Los efectos de estas medidas sobre las cuestiones migratorias son evidentemente muy difíciles de apreciar, pero como mínimo comparten un punto en común, el de la atención manifiesta a las fronteras y a las circulaciones que en ellas se producen, y al recurso cada vez más evidente a técnicas militares para vigilarlas.

14Sin embargo, el último de los programas implementados en la región es el que probablemente ha tenido el efecto más directo sobre las cuestiones migratorias: el Programa Frontera Sur (PFS), lanzado en julio de 2014 bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto. Oficialmente, la operación persigue dos objetivos: «proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que entran y transitan por México, y ordenar los cruces internacionales para incrementar el desarrollo y la seguridad de la región» [14]. Dotado por México de un presupuesto de 102 millones de pesos en 2015 (unos 6,5 millones de dólares), el programa se beneficia de fondos procedentes de Estados Unidos, al igual que el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (A4P por sus siglas en inglés, Alliance for Prosperity), propuesto algunos meses más tarde por la administración Obama, aprobado por Guatemala, Honduras y El Salvador y apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). [15] En México, el Programa Frontera Sur fue criticado desde el principio por su falta de planificación operacional y de transparencia. Sobre todo, es el proceso de implementación de estas dos iniciativas lo que genera dudas. Para numerosos observadores, los dos programas emergen sobre todo como respuesta a lo que fue conocido como la «crisis» de los migrantes centroamericanos del verano de 2014, en la frontera de México con Estados Unidos. La llegada a las fronteras de miles de migrantes, y en particular de menores no acompañados, creó una conmoción en Estados Unidos y empujó a Obama a reaccionar. Que la presión de la administración estadounidense sea el elemento central de la implementación de este programa hace temer, en un sentido más amplio, que la política migratoria aplicada en México, en la frontera sur, reproduzca el modelo estadounidense de imposición de controles estrictos de las personas en situación irregular en su propia frontera. A la vista del peso político de México de cara a los países de América Central, parece sólida la hipótesis de esta búsqueda de influencia que pasa por un solapamiento de escalas y una reproducción/traslación de los juegos de poder.

15Si bien no parece haber modificado en profundidad las problemáticas regionales, el Programa Frontera Sur ha demostrado que la consideración de los abusos cometidos contra los migrantes (a pesar de ser uno de los objetivos anunciados) era aún muy insuficiente. Sobre todo, el despliegue de fuerzas policiales y agentes del INM [16], así como la multiplicación de los puntos de revisión (checkpoints), ha producido una modificación de las rutas migratorias entre América Central y el sur de México. Al forzar a los migrantes centroamericanos, concretamente a los más pobres, a esquivar los puntos de control (mapa 1), la iniciativa mexicana les ha inducido a utilizar rutas más peligrosas (Leutert, 2018). Y así, una consecuencia de abordar las migraciones en términos de seguridad ha sido la exacerbación de las interacciones entre los desplazamientos humanos y el crimen organizado (Arriola Vega, 2017). Encontramos en esto un paralelo sintomático con la dinámica registrada en la frontera norte del país. El refuerzo de la frontera México-Estados Unidos dio lugar a una exposición de los migrantes a diversos peligros, conllevando un ascenso significativo de las muertes en la frontera, sobre todo a partir de mediados de los años noventa. En el caso del sur de México, la política de estos últimos años ha creado lo que algunos califican como «frontera vertical», una extensión sobre una extensa parte del territorio nacional a la vez de las operaciones de control y, como corolario, una exposición de los migrantes a todo tipo de abusos, ya sean procedentes del crimen organizado, de las bandas o de los funcionarios públicos, o incluso de la población local (Torre Cantalapiedra y Yee Quintero 2018). De hecho, la zona de control migratorio intenso se extiende en la actualidad hasta el istmo de Tehuantepec, este estrechamiento geográfico en donde el desarrollo de las operaciones de control es mucho más fácil que en la frontera sur. Las declaraciones de un coyote recogidas por un periodista en 2015 indican que un migrante podría pasar por veintidós puntos de control entre la frontera en Tecún Umán y la ciudad de Puebla, en el sur de México. Más globalmente, la intención ha sido producir un «cinturón de seguridad» que revela una estrategia de contención migratoria de una magnitud inédita en el pasado.

Mapa 1

Dinámicas migratorias y de control en el espacio mexicano

Dinámicas migratorias y de control en el espacio mexicano

Vulnerabilidad de las poblaciones en movimiento y debilidad de los compromisos políticos

16A diferencia de los trabajadores agrícolas, que se desplazan temporalmente hacia los estados del sur de México con un visado específico, [17] los migrantes procedentes de América Central que atraviesan México padecen una extrema vulnerabilidad por carecer de estatus migratorio legal. Esta vulnerabilidad de hombres, mujeres y familias es una característica constante de los trayectos, dando lugar a «universos de clandestinidad» (Aragón 2014) a lo largo de desplazamientos que pueden ir de 2000 a 4000 km, según el trayecto. Recorridos a pie, en buses sucesivos o bajo amenaza de riesgos permanentes en trenes de mercancías de rutas inciertas, estas vías están cada vez más controladas por todo tipo de actores, legales e ilegales. El descubrimiento en agosto de 2010 de los cuerpos de 72 migrantes ejecutados por un cartel de narcotraficantes en San Fernando, estado de Tamaulipas (a menos de 100km de la frontera con Texas), hizo visible una realidad a menudo ignorada o escondida, pero sin embargo constante.

17Desde el punto de vista político y social, las cuestiones de protección de las poblaciones en migración ponen a México en una situación especular completamente específica. Durante mucho tiempo confrontados con el trato discriminatorio de los emigrantes mexicanos a Estados Unidos y en la frontera norte, la opinión pública y las autoridades (tanto nacionales como locales) se ven confrontados ahora con la existencia de situaciones mucho más graves aún en el trato de los migrantes centroamericanos, en el territorio nacional y en la frontera sur. Las medidas políticas se muestran así muy débiles en relación con la dimensión de las situaciones de vulnerabilidad, la criminalización cada vez mayor de los migrantes o su exposición al crimen organizado, en un contexto persistente de impunidad (París-Pombo 2016). Estas situaciones reflejan una tensión latente, uno de cuyos efectos es una invisibilización en el escenario nacional de las cuestiones migratorias y su desplazamiento hacia actores locales de la sociedad civil y de la iglesia o, en algunos casos, hacia la capacidad de intervención de las ciudades para acarrear con estas problemáticas sin convertirse, a pesar de ello, en un punto central de las agendas locales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró en 2013 que «la respuesta del estado mexicano ha sido gravemente insuficiente para prevenir, proteger, procesar, sancionar y reparar los delitos y violaciones de los derechos humanos cometidos contra los migrantes y otras personas en contexto de la movilidad humana en México» (CIDH 2013, 125).

18Vulnerabilidad e invisibilidad son así propicias a las extorsiones y abusos, en particular en el contexto de ascenso generalizado de las violencias que está experimentando México en la actualidad (31 000 homicidios en 2017, la cifra más elevada registrada en el país desde la existencia de esta estadística). Según un estudio de la University of Texas at Austin (UT – Universidad de Texas) de 2018, las actividades de las organizaciones criminales a lo largo de las rutas migratorias generaron más de 134 millones de dólares en un año (sin contar los beneficios de los coyotes), cifra que los autores del estudio estiman por debajo de la realidad, debido a la escasa denuncia de los crímenes por parte de las víctimas (Leutert 2018). El mismo estudio compara esta cifra con la financiación de Estados Unidos de la lucha contra el crimen organizado en México a través de la Iniciativa Mérida, 139 millones de dólares para el año 2017. Los atentados cometidos contra los migrantes por agentes representantes de la autoridad pública son así fuente de inquietud. Entre otros, el informe de la REDODEM (Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes) señala en 2015 que el 41 por ciento de los delitos registrados en una investigación sobre los migrantes a escala nacional había sido cometido por representantes de la autoridad pública. El doble contexto de violencia y de impunidad hace así de México un espacio de no-derecho para las poblaciones en movimiento.

Conclusión

19¿Cuáles serán en este contexto las posiciones del nuevo presidente mexicano y del Congreso sobre las cuestiones migratorias? ¿Supondrá el cambio político que implica su acceso al poder (es el primer presidente procedente de la izquierda desde la revolución mexicana) también un cambio en el lugar que ocupan las cuestiones de movilidad humana en las relaciones internacionales con sus vecinos, tanto del norte como del sur? Es bastante improbable. Por un lado, una posición que preste atención a los migrantes y que incluya la lucha contra las causas estructurales de las migraciones (pobreza, desigualdad de ingresos, violencia) sería coherente con las posiciones de Morena [18], el partido que López Obrador creó y que le llevó a la victoria. Por el otro, no se puede excluir una realpolitik que seguirá haciendo de la cuestión migratoria un instrumento de las negociaciones de todo tipo que México tendrá que gestionar con su vecino del norte. Hábil en política, el candidato López Obrador ha dejado entrever ambas facetas durante la campaña electoral y en la fase de transición siguiente. Defendió la creación de un programa trilateral de cooperación entre México, Estados Unidos y los países centroamericanos y se opuso a la construcción del muro fronterizo por parte de Estados Unidos, así como también rechazó la eventualidad de una financiación por parte de Estados Unidos de las operaciones mexicanas de devolución a la frontera de los migrantes sin papeles en tránsito. Pero también anunció, a través de su futuro secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, la creación de una patrulla fronteriza encargada de controlar el tráfico de armas, droga y migrantes, con un modelo que parece próximo del de Estados Unidos.

20De manera más general, las orientaciones sobre las cuestiones migratorias darán testimonio de manera significativa del posicionamiento de México en el espacio regional. Fortalecer el acercamiento a América del Norte, proceso iniciado por lo menos desde los años noventa, implicará negociaciones bilaterales con Estados Unidos y Canadá. Pero también el resto de América Latina espera conocer el posicionamiento del país, y muy especialmente América Central: en un momento en el que las fronteras se han convertido en un asunto de seguridad y de lucha contra las múltiples formas de inestabilidad sociopolítica, ¿podrá el México de López Obrador simbolizar una vía diferente de la que viene imponiendo desde hace varios decenios ya el potente vecino del norte? ¿Podrá conseguir que su frontera sur no sea la «tercera frontera» de Estados Unidos, sometida a tres peligros fundamentales: terrorismo, narcotráfico y migración?